Buenos Aires. En una sesión extensa y cargada de tensión política, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto 2026 junto con la denominada Ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el Gobierno que marcan un antes y un después en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La votación, concretada en las últimas horas, le permite al Ejecutivo contar por primera vez con una hoja de ruta económica formal para el próximo año, luego de un período en el que la administración nacional funcionó sin presupuesto aprobado por el Parlamento. El presidente Javier Milei celebró el resultado y lo definió como un “hito histórico”, al considerar que consolida el rumbo fiscal y normativo de su gestión.
El Presupuesto 2026 ratifica el eje central del programa económico oficial: equilibrio fiscal, reducción del gasto público y priorización de áreas consideradas estratégicas. Desde el Gobierno sostienen que la aprobación brinda previsibilidad a los mercados, a las provincias y a los distintos sectores productivos, en un contexto de fuerte ajuste y reordenamiento del Estado.
En paralelo, la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal generó un intenso debate político y técnico. La norma introduce cambios de fondo en el sistema tributario, estableciendo el principio de presunción de inocencia para los contribuyentes, una figura que hasta ahora no estaba contemplada de manera explícita en materia fiscal. Según el oficialismo, el objetivo es limitar abusos del poder sancionador del Estado y fortalecer las garantías individuales frente a la administración tributaria.
Desde la oposición, en tanto, surgieron cuestionamientos sobre el alcance real de la ley y el impacto que podría tener en la recaudación y en la capacidad de control del fisco. Algunos bloques advirtieron que el texto podría beneficiar a grandes evasores, mientras que otros reconocieron la necesidad de modernizar el marco legal y mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Más allá de las diferencias, la aprobación de ambas iniciativas refleja un cambio en la dinámica parlamentaria, con acuerdos puntuales que permitieron destrabar proyectos considerados centrales para el Gobierno. Analistas coinciden en que el resultado fortalece políticamente al Ejecutivo, aunque advierten que los desafíos económicos y sociales seguirán marcando la agenda en 2026.
Con el presupuesto ya sancionado y una nueva ley tributaria en vigencia, el escenario que se abre plantea interrogantes sobre su impacto concreto en la economía real y en la vida cotidiana de los argentinos, en un año que se perfila como decisivo para el rumbo del país.
