Buenos Aires — En un giro inesperado y que podría marcar un antes y un después en el litigio más costoso de la historia reciente argentina, el gobierno de los Estados Unidos decidió apoyar formalmente a la Argentina en su apelación contra la sentencia que la obliga a pagar miles de millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012.
El Departamento de Justicia norteamericano presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, pidiendo suspender temporalmente la orden de embargo sobre el 51 % de las acciones de YPF. Esta medida había sido emitida por la jueza Loretta Preska y amenazaba con afectar directamente al Estado argentino si no cumplía con el fallo dictado en 2023.
El argumento central de EE. UU. es que ejecutar esa orden ahora podría dañar relaciones diplomáticas y comerciales, además de poner en riesgo activos soberanos protegidos bajo el principio de inmunidad estatal. Aunque la medida no resuelve el fondo del conflicto, representa un importante respaldo político y legal para la estrategia de defensa argentina.
Desde el Gobierno argentino celebraron la presentación como un «logro diplomático clave», mientras el equipo legal prepara la defensa para las próximas audiencias, que podrían desarrollarse a partir de septiembre
