Washington / Buenos Aires, 15 de agosto de 2025 — La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York concedió esta semana a Argentina una suspensión temporaria a la orden que exigía la entrega del 51 % de las acciones de YPF, resultante de una sentencia por 16.100 millones de dólares. Esta medida permite al país continuar su defensa legal mientras avanza el proceso de apelación.
Antecedentes del caso
En junio de 2025, la jueza federal Loretta Preska falló que Argentina debía transferir su mayoría accionaria de YPF como forma de pago parcial a los demandantes —los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, representados por Burford Capital— tras la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012. El fallo implicaba depositar las acciones en una cuenta custodial del Bank of New York Mellon dentro de los siguientes 14 días.
El gobierno argentino, a través de su equipo legal, solicitó una suspensión del fallo y presentó argumentos ante la Corte de Apelaciones, aduciendo que la transferencia violaba principios fundamentales del derecho internacional, la ley argentina —que requiere aprobación del Congreso para transferir acciones— y ponía en riesgo la soberanía nacional.
Por su parte, la jueza Preska rechazó inicialmente la solicitud de suspensión permanente, manteniendo un plazo breve para una respuesta por parte de Argentina, aunque extendió la fecha de entrega para facilitar la apelación. Finalmente, el Segundo Circuito de Apelaciones otorgó la suspensión temporal, dando más tiempo al país para presentar el recurso y permitir que un tribunal de tres jueces evalúe el caso.
Implicancias
La decisión judicial representa un alivio significativo para el Gobierno argentino, que enfrenta una situación económica delicada: alta inflación, reservas internacionales ajustadas y una pesada carga de deuda. Ceder el control de YPF —la mayor empresa energética del país— supondría un golpe institucional y operativo.
Próximos pasos
- El proceso ahora sigue en manos del Segundo Circuito de Apelaciones, que deberá decidir si concede una suspensión definitiva mientras se resuelve el fondo del recurso.
- De ser necesario, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
- Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene activa su estrategia legal, defendiendo la legalidad de la expropiación de 2012 y la protección de sus activos estratégicos.
