En un movimiento que promete reconfigurar el vínculo entre migración e inversión extranjera, el Gobierno argentino oficializó este jueves el nuevo mecanismo de ciudadanía por inversión, una herramienta que permitirá a ciudadanos extranjeros acceder a la nacionalidad argentina a cambio de realizar inversiones consideradas “relevantes” para el país, sin necesidad de cumplir con el tradicional requisito de residencia.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 524/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y reglamenta el artículo incorporado por el Decreto 366 del mismo año, que modificó la Ley de Ciudadanía N.º 346.
Un giro en el modelo migratorio
La novedad más llamativa del decreto es que elimina la obligación de vivir en el país durante dos años —uno de los requisitos históricos para solicitar la ciudadanía argentina por naturalización— siempre que el solicitante haya realizado una inversión evaluada como significativa por las autoridades económicas.
Para gestionar el nuevo sistema, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que dependerá del Ministerio de Economía. Este organismo será responsable de recibir las solicitudes, analizar la calidad de la inversión y determinar si cumple con los estándares establecidos. Una vez emitido un informe favorable, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud.
Además, se establecen controles cruzados con entidades como el RENAPER, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Ministerio de Seguridad para asegurar que los solicitantes no representen riesgos para el país.
¿Qué se considera una inversión relevante?
Aunque el decreto no fija montos específicos ni rubros prioritarios, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a El Informador que se valorarán especialmente las inversiones dirigidas a sectores estratégicos como tecnología, energía, agroindustria, economía del conocimiento y turismo. La inversión inmobiliaria especulativa, en cambio, no sería considerada suficiente por sí sola.
“El objetivo es atraer capital que genere empleo, innovación y valor agregado en el país”, explicaron desde la cartera económica. Según trascendidos, se trabaja en una resolución complementaria que establecería un monto mínimo de 500.000 dólares estadounidenses, aunque podría haber excepciones para emprendimientos de alto impacto social o ambiental.
Más inversión, menos burocracia
Desde el Gobierno se busca presentar este nuevo régimen como una vía rápida y transparente para fomentar la radicación de inversiones productivas en un contexto de fragilidad financiera. La propuesta se enmarca en un paquete más amplio de medidas orientadas a facilitar la llegada de capital extranjero, incluyendo exenciones fiscales temporales y simplificación de trámites aduaneros.
El presidente Javier Milei ha defendido públicamente la iniciativa como “una herramienta moderna para conectar la libertad de emprender con la posibilidad de ser parte de la nación argentina”.
¿Una ciudadanía “a la carta”?
La nueva modalidad ha despertado tanto expectativas como críticas. Algunos sectores del arco político expresaron preocupación por una posible “mercantilización” de la ciudadanía, advirtiendo que podría generar desigualdades en el acceso a derechos. Sin embargo, especialistas en migraciones consultados por El Informador señalaron que se trata de un modelo utilizado en más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Portugal y Malta, aunque con distintos grados de exigencia.
“La clave estará en el control institucional, en que la nacionalidad no se transforme en una mercancía, sino en un reconocimiento legal a quien realmente apuesta por el país con compromiso económico”, sostuvo la abogada Natalia Villegas, experta en derecho migratorio.
Lo que viene
La Agencia de Ciudadanía por Inversión comenzará a funcionar oficialmente en agosto y se espera que antes de octubre se publique la normativa complementaria con los detalles técnicos del programa. Los primeros expedientes podrían resolverse antes de fin de año.
Con esta iniciativa, Argentina se suma a la tendencia global de ciudadanías por inversión como instrumento de atracción de capitales. La diferencia, según el Gobierno, es que este modelo estará orientado a proyectos productivos y no a simples compras de pasaportes.
