El gobierno de Javier Milei ha manifestado su intención de implementar un drástico plan de ajuste que busca reducir el tamaño del Estado a su mínima expresión. En este contexto, la educación se encuentra en la mira, y desde el Ejecutivo han advertido que, si avanza, se opondrán al proyecto de ley destinado a asegurar el financiamiento para las universidades públicas.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Casa Rosada, Manuel Adorni, portavoz presidencial, dejó claro que «el Presidente está decidido a evaluar cualquier medida que ponga en riesgo el equilibrio fiscal». Aseguró también que «todas las decisiones del Poder Legislativo serán respetadas siempre y cuando no comprometan las cuentas públicas», enfatizando la disposición al diálogo y afirmando que «la educación pública nunca ha estado amenazada».
Avances Legislativos en Educación
En una extensa sesión legislativa iniciada el miércoles y concluida ayer en la Cámara de Diputados, la oposición logró un importante avance contra las políticas restrictivas del gobierno respecto a la educación. Se aprobó con media sanción un proyecto cuyo objetivo es establecer por ley un financiamiento mínimo garantizado para las universidades públicas y gratuitas.
Con 143 votos a favor frente a 77 en contra, los diputados dieron luz verde al segundo dictamen minoritario sobre la Ley de Financiamiento Universitario propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Este proyecto fue elaborado por Danya Tavela e incluye apoyos adicionales provenientes del Encuentro Federal y Coalición Cívica.
La propuesta contempla garantizar una actualización anual del presupuesto universitario equivalente al índice inflacionario registrado durante el año anterior según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, establece una indexación bimestral basada en un coeficiente compuesto: 50% variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% variación del dólar y otro 25% correspondiente a tarifas públicas.
Asimismo, se prevé una recomposición salarial tanto para docentes como para personal no docente basada también en el IPC pero subordinada a los acuerdos paritarios colectivos vigentes.
El proyecto también propone modificar artículos específicos dentro de la Ley de Educación Superior. Esto incluye obligar a la Auditoría General de la Nación (AGN) realizar auditorías sobre los gastos efectuados por universidades nacionales ante el Congreso.
Un intento previo presentado por Unión por la Patria fue rechazado con 120 votos negativos frente a solo 90 positivos. Este dictamen mayoritario proponía actualizaciones bimestrales más amplias pero incluía elementos adicionales que incrementarían significativamente los costos fiscales como ampliar beneficiarios y montos relacionados con becas Progresar.
Además, esta iniciativa incorporaba cláusulas específicas sobre salarios docentes universitarios obligando su recomposición inmediata para mejorar su poder adquisitivo.
La propuesta finalmente aprobada destaca no solo aspectos financieros sino también planes destinados al desarrollo científico-tecnológico así como proyectos especiales vinculados con institutos tecnológicos y extensión universitaria.
